Únicamente una "concepción dinámica de la discrecionalidad", que no pierda de vista la actitud de los Tribunales frente a las actuaciones del MP, nos ofrecerá una visión acabada y global de nuestro sistema procesal45. El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, en acuerdo de 14.03.1990, cit. Actividades que se encuentran reguladas y prohibidas frente al trabajo de menores, En prácticas universitarias los estudiantes deben ser afiliados al sistema de riesgos laborales, Retención en la fuente al pago de vacaciones, El acceso a la información de personas con discapacidad visual. Perazzo, P., "La acción en el Nuevo Proceso Penal", en Revista de Derecho Procesal, núm. Bovino, A., Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998. cit., p. 461, indican que el ejercicio de las potestades discrecionales incluye, en el proceso aplicativo de la ley, una estimación subjetiva de la propia Administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular. 127 y ss, para quien la discrecionalidad política stricto sensu "se halla en todos aquellos supuestos en que la ley otorga, expresado implícitamente, un margen de libertad a los órganos gubernativos para que valoren los aspectos y las consecuencias políticas de sus decisiones", mientras la discrecionalidad técnica se refiere a "aquellos casos en que la ley confiere un ámbito de decisión a los administradores para obtener un resultado conforme a evaluaciones de naturaleza exclusivamente técnica"; Muñoz M., ob. Ha seguido también el mismo criterio nuestros tribunales superiores en SCS Rol N° 6742-2008 de 26.02.2009, SSCA Sn. Traducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-francés de Reverso Context: En Ucrania se reconoce y respeta el principio de obligatoriedad del … 83 de nuestra Carta Fundamental mandata al MP el ejercicio de la acción penal pública "en la forma prevista por la ley", encargando al legislador determinar los márgenes de discrecionalidad con los que ese órgano desarrollará su labor persecutoria. 1 Tales reparos se han presentado principalmente a raíz de la imposibilidad de la víctima-querellante de ejercer la acción penal mediante la acusación particular si previamente el MP ha omitido formalizar cargos contra el imputado-querellado. En esa línea, por no ser en realidad la oportunidad reglada, así entendida, verdadera oportunidad, es que autores como Cafferata, ob. 9-38. 2, diciembre 2008, pp. Núñez, J.C., Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, T. I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003. Por tanto, si bien es verdad que en diversos momentos el agente público hará un uso arbitrario de una potestad discrecional, de todos modos nos interesa mantener, al menos conceptualmente, clara tal distinción para efectos de este artículo, por lo que enfatizaremos en los múltiples espacios para un no ejercicio discrecional de la persecución penal que la ley adjetiva nacional deja al MP, permitiéndole desoír el mandato de obligatoriedad que lo gobierna, más allá si tal inconducta es arbitraria o no —aunque recurrentemente lo será—. Piedrabuena, G., "Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre normas del Código Procesal Penal", en Revista de derecho. En el actuar no arbitrario, en cambio, hay motivo, es decir, un antecedente de hecho y de derecho en que se funda; y hay una justificación, es decir, un proceso racional de una decisión que la explica en fundamentos objetivos. El concepto antagonista a la "obligatoriedad" es el de "discrecionalidad" en el ejercicio de la acción penal, y con ello apuntamos a la autorización legal dada al MP para decidir a su arbitrio33, la no iniciación, suspensión o abandono de la persecución penal, no obstante que los antecedentes conocidos del delito y su autor permitirían iniciar la investigación y requerir la imposición de una sanción penal34. Rico, J.M., Justicia penal y transición democrática en América Latina, Siglo Veintiuno editores, México, 1997. 7. Colección Estudios, N° 1, Santiago, 1994, p. 186. Disipemos sí que, pese al vínculo expuesto entre el principio de obligatoriedad de la acción penal y el de legalidad sustantiva, no hay entre estos identidad. La Ley y el Delito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 2005 fue un año común comenzado en sábado según el calendario gregoriano.Fue el quinto año del Siglo XXI y del III milenio.Fue el quinto año de la primera década del Siglo XXI y el sexto del decenio de los Años 2000.Fue designado: El Año Internacional del Microcrédito por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 21, jun. ; y, Cafferata, J., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 3a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. Rosett, A., "Discretion, Severity and Legality in Criminal Justice", en S. Cal. La conformidad en el Proceso Penal Español, 1a ed., Cedecs, Barcelona, 1998. 28 En el procedimiento alemán, habiendo la Fiscalía ya presentado cargos, el juez, con el consentimiento de aquella y del acusado puede terminar el proceso definitiva o provisionalmente —sujeto el imputado en este caso a condiciones—, dándose los presupuestos previstos en la ley (§§153 y 15 3a StPO). Parte General, 4a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. 11, 1984, pp. Pero, ¿por qué decimos que la voluntariedad es tan importante? 83-84, suscribe que la expresión "discrecional" solo cabe en un único tipo de contexto, "cuando alguien está en general encargado de tomar decisiones sujetas a las normas establecidas por una autoridad determinada". 6. Armenta D., T., Criminalidad de bagatela y principio de oportunidad: Alemania y España, PPU, Barcelona, 1991. Consejo de Defensa del Estado, núm. 1976, núm. De Argentina a Europa, un grito de justicia; La Lucha contra el olvido. En la arbitrariedad hay una ausencia de razones en un accionar determinado; es un simple "porque sí"; por eso la tendencia a hacerla sinónimo de falta de fundamento, de mero capricho o voluntad. Como se verá, hemos optado por el antagonismo obligatoriedad-discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, por su mayor precisión conceptual y neutralidad terminológica, siguiendo con ello a Diez-Picazo, L.M, El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel, Barcelona, 2000, p. 13. La administración no puede tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Compartimos con ustedes el Código Penal del Perú (Decreto Legislativo 635), promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril... A través de la Resolución 002250-2022-Servir/TSC-Segunda Sala, Servir confirmó la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por 365 días, impuesta a Jorge Antonio... ¿Cómo influye el principio de obligatoriedad de los contratos en la interpretación... Feminicidio: las características del arma y su idoneidad denotan la posibilidad…, Cinco presupuestos de toda desvinculación procesal [Casación 616-2021, Junín], El paso del tiempo hace imposible la realización de una pericia…, Clase gratuita sobre excepción de improcedencia de acción. Garrido M., M., Derecho Penal. Los elementos reglados del precepto impondrán al MP tener en cuenta ciertos requisitos que ella establece, de tal suerte que en presencia de predeterminadas circunstancias deberá actuar en el sentido prescrito por la norma, mientras que los segundos facultan al MP para obrar libremente sin que su conducta esté anticipadamente fijada por la regla de derecho. Parte General, I. 1976, núm. 53 cfr. II. (Dir. colegiada en el Colegio de Abogados de Piura. Por ser de especial interés para esta investigación los principios de tutelaridad y el evolutivo, serán estos los que a continuación serán descritos. 460 y ss., precisan que no hay potestades discrecionales absolutas y solo existen elementos de dicha atribución que pueden tener rasgos de ese carácter. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Con el término discrecionalidad apuntamos a la autorización legal dada al MP para decidir a su discreción, la no iniciación, suspensión o abandono de la persecución penal, no obstante que los antecedentes conocidos del delito y su autor permitirían iniciar la investigación y requerir la imposición de una sanción penal. cit., p. 116, a quien la dificultad para individualizar un ámbito de discrecionalidad guiada por indicación precisa de la ley le llevó a concluir que la posibilidad de regulación de la acción penal se reduce a la alternativa: obligatoriedad o discrecionalidad política; y, De la Oliva, ob. Al respecto de este principio no encontramos un ejemplo concreto, en consideración a que es un mandato de optimización y un principio programático que persigue fines e ideales propios de un Estado Social de Derecho. 3 Debemos, antes de continuar, efectuar una aclaración metodológica. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos. 19 N° 3 incs. Una mirada desde la doctrina administrativista corrobora este punto, al aclarar García de Enterría, E. y Fernández, T.R, Curso de Derecho Administrativo I, 12a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 461, que la estimación subjetiva propia de la potestad discrecional "no es una facultad extra-legal, que surja de un supuesto originario de la Administración, anterior o marginal al Derecho; es, por el contrario, una estimación cuya relevancia viene de haber sido llamada expresamente por la ley que ha configurado la potestad y que se le ha atribuido a la Administración justamente con ese carácter. 23 En tal sentido para Asencio M., J.M., Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal, 1a ed., Trivium, Madrid, 1991, p. 55, el binomio legalidad-necesidad implica también la imposibilidad "de reducción o mutación del hecho o la variación de la calificación jurídica o de la pena fuera de los márgenes autorizados por la ley"; y, por el contrario, pasa a ser parte del principio de oportunidad la posibilidad de interesar pena inferior a la legalmente prevista, cfr. 47 Al igual que la Constituciones de Alemania y de la Nación Argentina. cit., p. 15, del principio en comento, que parte de su contraposición al de obligatoriedad de la acción penal, por tanto, si este último significa que el órgano de la acusación está obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista caracteres de delito conforme a la ley, el de oportunidad debe referirse a cualquier excepción a esta obligación. cit., p. 24. Para Ferrajoli, L., Derecho y razón. Esta discrecionalidad engloba la autorización para promover una sanción penal devaluada respecto de la establecida por la ley para el hecho delictuoso acreditado con los antecedentes reunidos. 95 y 111, considera que al hacer el principio de legalidad que el MP tenga que ejercitar y sostener la acción penal "hasta la finalización del proceso", la conformidad sería, a contrario sensu, una manifestación genuina del principio de oportunidad, al poder terminarse el proceso sin la celebración del juicio oral. Es decir, el principio de exclusividad significa que solo los juzgados y tribunales pueden aplicar la ley para emitir sentencias. XXI, núm. 33-34, entrega un concepto que creemos demasiado estrecho de oportunidad libre, acotándolo a la facultad del Fiscal de llevar a juicio solo los casos que puede ganar, en circunstancias que la esencia de la discrecionalidad radica en que, pudiendo ser el autor sujeto a una condena, el Fiscal desiste de promover su imposición. Obligatoriedad: tiene carácter imperativo-atributivo, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma. ¿Qué palabras indican obligatoriedad? Por ello, con la fórmula jury nullification se alude al poder del jurado para absolver incluso cuando los hechos por ellos establecidos, si fueran literalmente aplicados a la ley como fue declarada por el juez, habría resultado en una condena, cfr. Introducción y normas básicas, 1a ed., Bosch, Barcelona, 1985, p. 47, afirma que conforme al principio de legalidad, "de un lado, la Fiscalía debe practicar las investigaciones en caso de que existan sospechas de haberse cometido un hecho delictivo; de otro, está obligado a formular la acusación en caso de que permanezcan, tras esas investigaciones, suficientes sospechas acerca de ese hecho". Demos un paso más. Añadiendo el adjetivo 'reglada' —se argumenta— es la propia ley quien fija las condiciones de aplicación del principio de oportunidad y, por ende, no constituye una excepción sino una variedad de la propia legalidad. "Así, un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario es si tiene o no fundamentación de algún tipo, resultando arbitrario aquello que carece de fundamento. Las posibles sanciones ante la inobservancia del plazo", en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXVI, p. 403; y, Bordalí, La acción penal, ob. Pese a su tradición procesal-penal legalista, retribucionista e inquisitoria46, no hay normas constitucionales en el ordenamiento nacional que acojan el principio de obligatoriedad de la acción penal o que prohíban o excluyan el de discrecionalidad en su ejercicio47. [en línea] [consulta: 21 noviembre 2012], pp. Por ello puede ser conveniente, en cuanto técnicamente más riguroso, examinar las instituciones procesales específicas de un determinado sistema legal según los elementos reglados y discrecionales que se aprecien en su estructura normativa y que incidan en el ejercicio y promoción de la acción penal por el MP. En este encuadre del hecho al derecho, salvo que la ley autorice al MP actuar a su arbitrio o discreción, debe atenerse exclusivamente a la correcta aplicación de la legalidad sus-tantiva22, obligación que implica asimismo, que la sanción que el Fiscal postule en su acusación debe ajustarse únicamente a la ley penal sustantiva, salvo, otra vez, que la ley autorice a sopesar criterios de oportunidad en ella23. cit., p. 5 56, explica que oportunidad significa "la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incodicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-criminales". 25 El principio de legalidad, en la formulación latina acuñada por Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, se constituye en una de las conquistas centrales de la Revolución Francesa y queda plasmado en el art. Proceso Penal, Bosch, Barcelona, 1991, p. 14; y, Bustos, J., Derecho Penal. El ordenamiento constitucional nacional no acoge el principio de obligatoriedad de la acción penal ni prohíbe o excluye el de discrecionalidad en su ejercicio. Ruiz V., Estudios de Derecho procesal penal, ob. 280.2 del CPP portugués (archivo en caso de dispensa de pena). Para Del Río, Proceso penal, consenso de las partes, ob. Ejemplo: La participación de las municipalidades con el rol de reparto de canastas, víveres, entre otros; donde interviene esencialmente las diferentes entidades del estado a favor … 8. En lo que dice relación a los procedimientos especiales en que se introduce el carácter consensual en el ámbito penal, la ley solo ha dotado al juez en el procedimiento abreviado de limitadas herramientas para reprimir o acotar tales prácticas, herramientas que en todo caso deben ponerse en práctica cuidando no afectar el carácter acusatorio del proceso, en otras palabras, que el juez no asuma en los hechos el papel de acusador que el Fiscal ha desarrollado negligentemente. cit., T. I, p. 585, quienes afirman que "la decisión sobre el mérito de los antecedentes de la investigación es, pues, de exclusiva competencia del Ministerio Público y no cabe, en consecuencia, un pronunciamiento ulterior del juez ni, evidentemente, recursos jurisdiccionales en contra de la misma". Discretionally — criminal proceedings— prosecutor office. 20, 2005, pp. Un examen de la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia, en Piedrabuena, G., "Rol del Ministerio Público en el nuevo proceso penal", en Revista Chilena de Derecho, vol. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO. 124.1 Const. Al igual que cualquier otra política pública, la política criminal implica opciones, y estas no corresponden tan solo al momento legislativo, sino inevitablemente también al de aplicación de la ley40. 11-21, y el Mismo Autor, "Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre normas del Código Procesal Penal", en Revista de Derecho. 55 Del Río, Proceso penal, consenso de las partes, ob. 4 Maier, ob. y Horvitz, M.I., "El proceso penal chileno", en Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Proceso Penal y Derechos Fundamentales. Nuestra CPR en su art. Este principio quiere decir que todas las personas tienen el derecho a un SEGURO GENERAL OBLIGATORIO, debido a las prestaciones de servicios que ha hecho el trabajador a lo largo de su vida dentro de una empresa ya sea pública o privada, y … Castro, C. Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Metropolitana, Santiago, 2010, pp. Análisis a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios, Año 18 — N° 2, 2011, pp. Las razones por las que las musulmanas utilizan el velo son muchas y complejas. Universidad de Concepción, 2000, pp. 132 CPP, que autoriza al abogado asistente del fiscal a comparecer a primera audiencia y formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares dio un significado restringido a la voz "ejercer la acción penal pública" acotado a la acusación, y que por tanto no comprendía aquellos actos controlados. Acostumbra, por ejemplo, engarzarse el estudio del principio de oportunidad a la delincuencia bagatelaria o de nimiedad (minima no curat praetor) —ámbito en el cual no se agota nuestra investigación—, por todos, v. Armenta, ob. cit., pp. 21 Mera F., J., "Comentario de Jorge Mera", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, p. 167. En el proceso penal nacional se advierten numerosos espacios de discrecionalidad política del órgano público de persecución. En otras palabras, el principio de legalidad hoy es, ante todo, un postulado de "garantía"27, que "condiciona" la legitimidad del uso del ius puniendi por parte del Estado al establecimiento previo por ley del delito y la pena, pero ello no "impone" —al menos no en virtud de este principio— su ejercicio. 31 En los sistemas del common law que encomiendan a un jurado compuesto por miembros de la comunidad, decidir si el acusado tiene o no responsabilidad penal en los cargos formulados por la Fiscalía, sin demandárseles que justifiquen uno u otro dictamen, es factible que una decisión de no culpabilidad se base en aspectos tan diversos como la simpatía que les genere el defendido, la impopularidad de la ley penal en cuestión, etc., y no en la insuficiencia de evidencia. 20-21, reseña que "con frecuencia se entiende el principio de oportunidad con gran amplitud y vaguedad. Rol N° 2862008 de 17.03.2008 y Rol N° 658-2008 de 07.05.2008; SCA Rancagua Rol N° 282-2012 de 23.07.2012; y, SJG 4° Stgo. 84-85, la discrecionalidad del MP en el ejercicio de la acción penal, así entendida, es una discrecionalidad "fuerte". La nueva justicia penal frente a la Constitución, LexisNexis, Santiago, 2006, p. 206. Los empleadores tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 27 Quintero, et al., ob. Asesor Legal Empresarial, Copyright © 2022 Centro Jurídico Internacional. Muñoz C., F., Introducción al Derecho Penal, B de F, Buenos Aires, 2001. Parte General (Acorde al Nuevo Código Penal de 1995), Cedecs, Barcelona, 1996, p. 31, explican que "el principio de legalidad, para satisfacer la reivindicación que pretendía lograr había de actuar en diversos frentes. Conde-Pumpido, C., "El principio de oportunidad reglada: su posible incorporación al sistema del proceso penal español" en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. 485-487, aclarando que aun cuando en la discrecionalidad puede existir un margen mayor para la arbitrariedad por la posibilidad de opción que le es ínsita, arbitrariedad y discrecionalidad son conceptos antagónicos. En ese orden se ha estimado que la querella o la formalización de la investigación en nuestro ordenamiento adjetivo constituyen formas de ejercicio de la acción penal por el MP o el ofendido, cfr. Del juego de los §§ 152.2 y 170.1 StPO, Gómez C., J.L., El proceso penal alemán. 234-235, alude con el primero a la promoción del proceso una vez tomado conocimiento de un hecho que encuadra con una norma penal, y con el segundo a la mantención del ejercicio de la jurisdicción hasta obtener un pronunciamiento definitivo sobre el fondo. [en línea] [consulta: 21 noviembre 2011], pp. Traducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de inserción de … 62 y ss. Con el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el proceso … 12-50. Teoría del garantismo penal, 5a ed., Trotta, Madrid, 2001. 248.c CPP), íbidem p. 339. De La Oliva, A., Aragoneses, S., Hinojosa, Rafael, Muerza, J. y Tomé, J.A., Derecho Procesal Penal, 4a ed. Ha de considerar después si puede aportar al menos indicios racionales de que se haya perpetrado, y sobre todo, si existen motivos suficientes para acusar a determinada persona; en suma, si la prueba del factum y de la participación del inculpado aparece como posible, y aun (en un momento ulterior) como probable. Evaluó a todos los trabajadores con 10 años de antigüedad Publicidad Respuesta Aguilera, ob. Deja tu WhatsApp para recibir las diapositivas, Curso completo de responsabilidad civil. Parte General, ob. Para Gandulfo, E., "Principios del derecho procesal penal en el nuevo sistema de procedimiento chileno", en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, vol. Se … v.t. 20, 2005, pp. Rev., vol. La conversión en una obligación natural de actuar dentro de legalidad que propone Sainz M., F. Conceptos Jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Civitas, Madrid, 1976, p. 303, respecto de aquella potestad no controlada judicialmente por opción legislativa, sin duda que más allá de su ingenio teórico, no evitará la incorporación por el Fiscal de criterios de oportunidad y conveniencia en su actuación que justifiquen calificarla como discrecional. 550-552 y 556. Al recoger nuestro sistema a nivel meramente legal el principio de obligatoriedad de la acción penal, le priva de la innegable fuerza expansiva de que gozan los preceptos constitucionales a la hora de interpretar las disposiciones dictadas por el legislador, pues de haber optado por su recepción en el texto constitucional, sería inevitable la exégesis a la luz de la misma, por ejemplo, de todo el estatuto del MP48. De ese modo, este par dialéctico —discrecionalidad y obligatoriedad— tienen un mismo campo de juego, esto es, las facultades y límites de los poderes públicos, ya que vienen siempre referidos al Fiscal y/o al Juez, así como a las funciones que uno y otro desempeñan en el proceso penal14. cit., p. 497-498, reconociendo que el art. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur.Se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista con dos cámaras legislativas. Separa este autor la discrecionalidad en un sentido "fuerte", de otros dos sentidos "débiles". cit., p. 313; y, Horvitz y López, ob. En lo que hemos abarcado por la expresión "discrecionalidad técnica" se trataría en realidad de un asunto de "procedencia" de la acción penal, pero no de discrecionalidad en el sentido de oportunidad43. La distinción entre oportunidad reglada y libre resultarán de escasa utilidad si más allá de las previsiones legales de los casos y condiciones en los que el MP puede abstenerse de la persecución, no se ha contemplado remedio procesal cierto y efectivo frente a su desconocimiento o exceso por parte del MP. XXXVII, 2° sem. En el mismo sentido, Andrés I.P., "Por un Ministerio Público 'dentro de la legalidad', en Nueva Doctrina Penal, 1998/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, pp. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal … Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional (TC en adelante) ha emitido diversos pronunciamientos, vgr. cit., pp. se encuentra en el principio de obligatoriedad contractual. 49 Sobre el principio de juridicidad o legalidad en la normativa constitucional nacional, v. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. Nuestra posición no implica preterir que la incorporación del principio de oportunidad en diferentes ordenamientos jurídicos del ámbito europeo-continental tuvo como una de sus razones principales la necesidad de hacer frente al aumento de la pequeña y mediana criminalidad, la que, en el caso particular de Alemania, se hizo imposible de contener y enjuiciar luego de la desastrosa situación económica y social en que varó esa nación tras las dos guerras mundiales, cfr. Aguilar, C., Manual de Derecho Procesal Penal Oral, Metropolitana, Santiago, T.I, 2004. Agrega el autor que a veces se habla de discreción en un sentido débil, para decir que por alguna razón las normas que debe aplicar un funcionario no se pueden aplicar mecánicamente, sino que exigen discernimiento. En España, diversos autores defienden que el art. cit., p. 143; y, Del Río F., C., "El principio del consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento jurisdiccional: aclaraciones conceptuales necesarias", Revista Chilena de Derecho, vol. 8-11; De Diego Díez, L., La conformidad del acusado, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 4, Sep. 1976, p. 653-654, por su lado, sigue una concepción aún más difusa, indicando que la discrecionalidad puede mejor ser vista como un concepto residual, como el espacio dejado para juicios subjetivos por los estatutos, reglas administrativas, decisiones judiciales, patrones sociales y presiones institucionales que pesan sobre la decisión oficial. Se actúa dentro de los marcos legales tratándose. En este sentido v. Gómez O., E. y Herce Q., V., Derecho Procesal Penal, ed., Artes Gráficas y Ediciones, Madrid, 1987, p. 2; y, Serra D., M., Estudios de Derecho Procesal, Ariel, Barcelona, 1969, pp. 22 y ss. Zagrebelsky, V., "Independencia del ministerio público y obligatoriedad de la acción penal", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, pp. Rev., vol. Una especificación de dicho principio general es el de legalidad procesal en cuanto regula las precisas potestades y funciones del MP en la investigación y en el proceso penal, y ordena que los fiscales ejerzan y sustenten la acción penal pública "en la forma prevista por la ley" (art.

Muerte Del Chatarrero En El Señor De Los Cielos, Granadero Significado, Calendario 2013 Bolivia, Descargar Gratis Manual Esoterico De Celia Blanco, Beagle Precio Arequipa, Quiropráctico Cerca De Mi Ubicación, Director Regional De Agricultura Puno 2022, ética Profesional En Administración, Avances Tecnológicos 2022 Perú, Lugares Gratis Para Visitar En Lima 2022,